El futuro de la transición energética: claves para entender el escenario 2026 | 2ª parte

En términos de responsabilidad climática global, Argentina no está entre los grandes emisores: representa alrededor del 0,5% de las emisiones mundiales de CO₂, muy lejos de potencias como China, Estados Unidos o la Unión Europea. Sin embargo, eso no la vuelve ajena al problema. El país ya sufre de manera directa las consecuencias de un clima cada vez más extremo: sequías, inundaciones, incendios y olas de calor que impactan sobre la producción, la infraestructura y la economía.

Como adelantamos en la entrega anterior, la discusión energética en la Argentina no puede leerse únicamente en clave ambiental, ni tampoco como un debate abstracto de largo plazo. Se cruza de lleno con el modelo productivo, la inserción internacional, la competitividad y la disponibilidad futura de recursos. En ese cruce aparece también una oportunidad: Argentina cuenta con recursos naturales, territorio y capacidades productivas que le permiten no solo adaptarse al nuevo escenario, sino utilizarlas para el desarrollo económico sostenible.

Pero convertir esa oportunidad en una estrategia concreta no depende sólo de políticas públicas ni de planes de largo plazo. En buena medida, depende de quiénes ejecutan, invierten y toman decisiones todos los días: el sistema productivo. Depende de si las empresas incorporan la transición energética en el corazón de sus estrategias, de cómo orientan sus inversiones y de si asumen —o no— un rol activo en la transformación del modelo productivo.

El sector privado: una oportunidad estratégica para liderar la transición

En este proceso hay un actor que podría cumplir un rol clave y que, a nivel global, está cada vez más en el centro del debate: el sector privado. La transición energética no depende sólo de decisiones públicas; las empresas concentran una parte sustantiva de las inversiones, del empleo y de las emisiones, y por lo tanto también de la capacidad real de transformar la economía. En la práctica, cada vez más, esta transformación está menos impulsada por razones ambientales y más por criterios de eficiencia, costos, acceso a mercados y competitividad.

A escala internacional, el informe de la World Benchmarking Alliance analiza, entre 2021 y 2024, los planes de transición de 450 de las empresas más influyentes del mundo en sectores de altas emisiones. Estas compañías concentran más del 20% de las emisiones globales y una parte significativa de la actividad económica mundial. Los resultados muestran que existe una brecha relevante entre la magnitud del desafío y el nivel de preparación actual: solo una minoría cuenta con objetivos alineados con una trayectoria de 1,5 °C y la mayoría todavía no logró consolidar planes de transición sólidos.

En Argentina, este panorama aparece todavía en una etapa más incipiente. Si bien existen experiencias puntuales y empresas que comenzaron a moverse, los datos disponibles muestran que, entre las pocas compañías locales que hoy forman parte de estos sistemas de evaluación internacional, prácticamente no aparecen planes de transición climática robustos ni estrategias de descarbonización integradas al núcleo del negocio. 

Esto no implica que el sector privado no tenga un rol que jugar —todo lo contrario—; es probablemente uno de los actores más relevantes para acelerar o frenar el proceso. En un mundo donde la energía, las emisiones y las cadenas de valor empiezan a definir competitividad, acceso a mercados y decisiones de inversión, esta brecha no es solo un problema ambiental. Es, cada vez más, un desafío estratégico para el desarrollo productivo argentino.

Argentina: Una matriz todavía fósil, pero en transición

El informe de Fundar ofrece un panorama claro sobre el futuro de los hidrocarburos en Argentina, marcado por una profunda reconfiguración del sector. Hoy se observa un contraste cada vez más nítido: mientras la formación no convencional de Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina, atraviesa una etapa de fuerte expansión productiva y de inversiones, la Cuenca del Golfo San Jorge —históricamente el corazón petrolero del país— enfrenta un proceso prolongado de declive económico y social.

Ambos procesos no son independientes: forman parte de una misma transformación estructural, en la que el capital, el empleo y la infraestructura se desplazan hacia los yacimientos más competitivos, dejando en evidencia la fragilidad de regiones como Comodoro Rivadavia, cuya estructura productiva se consolidó, desde comienzos del siglo XX, en torno al petróleo.

Vaca Muerta se consolidó como el nuevo centro de gravedad del sector energético argentino y todo indica que seguirá siendo uno de los principales motores económicos del país en los próximos años. Su combinación de escala, productividad creciente y costos competitivos la transformó en el principal destino de las inversiones hidrocarburíferas, concentrando flujos de capital de magnitud, con impacto directo en el empleo, la actividad industrial y la balanza energética. Desde una lógica económica, esta centralidad es esperable: el capital se orienta hacia los proyectos con mayor rentabilidad, menor riesgo operativo y mejores perspectivas de largo plazo.

Esta dinámica pone en evidencia un desafío estructural: los hidrocarburos son, por definición, un recurso finito y la transición energética global implica una reducción progresiva del peso de los combustibles fósiles. Lejos de ser solo una amenaza, este contexto abre una oportunidad. Regiones como el Golfo San Jorge cuentan con capacidades productivas, infraestructura y capital humano que pueden reconvertirse hacia nuevas actividades —desde energías renovables hasta servicios industriales y nuevas cadenas de valor— si existe una estrategia clara, coordinación institucional y voluntad política. Gestionar esta transición de manera anticipada y ordenada no es solo una condición para construir territorios más resilientes y una matriz productiva progresivamente más baja en carbono: es, sobre todo, una decisión económica y de desarrollo.

La matriz energética argentina continúa dominada por los combustibles fósiles, que representan alrededor del 80% del consumo total. El gas natural ocupa un rol central, apalancado en la disponibilidad de reservas —especialmente en Vaca Muerta— y en su peso dentro del sistema eléctrico, donde explica más de la mitad de la generación, seguido por el petróleo con cerca del 30%. Esta configuración no es neutra desde el punto de vista climático: el carbón es la fuente más intensiva en emisiones, mientras que el gas, aunque sigue siendo un fósil, emite aproximadamente la mitad de CO₂ por unidad de energía producida.

En el caso de las renovables, hay una clara evolución de la matriz en curso. Mientras que en 2010 las energías renovables representaban apenas una fracción menor de la electricidad producida, para 2025 alcanzaron alrededor del 18% del total nacional.

En los últimos años, sin embargo, diferentes programas de incentivos y políticas públicas impulsaron la construcción de parques eólicos y solares en distintas provincias. En este escenario, la bioenergía y los biocombustibles ocupan un lugar particular: no solo como herramienta de descarbonización, sino como política de desarrollo productivo, agregación de valor en origen y fortalecimiento de las economías regionales.

Esta estrategia no es necesariamente contradictoria con la transición energética; de hecho, en muchos aspectos resulta inevitable. En un mundo que demanda cada vez más energía —impulsado por la digitalización, la inteligencia artificial, la electrificación de la economía y la propia adaptación al cambio climático—, los hidrocarburos seguirán cumpliendo un rol relevante durante los próximos años. Sin embargo, esto no cambia el dato estructural: se trata de recursos finitos. La verdadera disyuntiva no es si aprovechar o no Vaca Muerta, sino qué se hace con esa renta y ese tiempo: si se los utiliza para financiar y acelerar la transición hacia una matriz más diversificada y baja en carbono, o si se los consume postergando un cambio que, más temprano que tarde, será inevitable.

Porque si los hidrocarburos son la única proyección de futuro, el límite está marcado de antemano. La descarbonización de la matriz no es una idea romántica; es una ventana de oportunidad y una estrategia de desarrollo para la Argentina, en un país que cuenta con recursos climáticos y territoriales excepcionales para desplegar energía solar, eólica y otras fuentes limpias a gran escala.

Córdoba: un modelo de transición con anclaje local

La transición energética en Argentina no es un proceso homogéneo. Cada región parte de estructuras productivas, recursos y capacidades distintas. Mientras algunas zonas seguirán ligadas a los hidrocarburos durante décadas, otras tienen condiciones excepcionales para liderar la bioenergía, las renovables y los nuevos vectores productivos de la transición. 

Ya el ecosistema local de empresas, gobiernos y organizaciones dejó esto en claro en la COP30 principalmente bajo la articulación en la llamada Alianza Verde Argentina (AVA): aun cuando el gobierno nacional no asuma un rol protagónico, la agenda climática sigue avanzando en otros niveles y espacios, y es allí donde se están abriendo oportunidades y también nuevas exigencias.

En lo que respecta a Córdoba, el panorama es aún más particular. 

Córdoba se ha consolidado como uno de los territorios más activos del país en la implementación del modelo de Generación Distribuida (GD) y Generación Distribuida Comunitaria (GDC). Lejos de un enfoque centralizado tradicional, la provincia viene construyendo un esquema más descentralizado, cercano al territorio y orientado a que actores locales sean protagonistas de la transición energética.

Córdoba lidera a nivel nacional la producción de energía bajo el modelo de Generación Distribuida con 32 MW de potencia instalada, lo que representa el 33 % de la capacidad total del país. Este avance no es casual: responde a un marco normativo y regulatorio que no solo habilita, sino que promueve activamente este tipo de proyectos.

Este liderazgo en generación distribuida se complementa, además, con otras líneas de trabajo que la provincia viene impulsando, como proyectos de biogás y biometano a partir de residuos agroindustriales, o distintas iniciativas de energías renovables incorporadas por EPEC a la red provincial. Estas experiencias muestran que Córdoba no solo apuesta a una tecnología, sino a diversificar su matriz energética y construir un sistema más resiliente.

En este escenario, desde HINS contribuimos a la validación del modelo de Generación Distribuida Comunitaria y desarrollamos los primeros parques solares comunitarios de la provincia. Desde hace más de 15 años venimos impulsando este modelo, convencidos de que no se trata solo de una discusión ambiental, sino de cómo garantizar un servicio esencial en un contexto cada vez más inestable. Y no es una percepción aislada: cada vez más cooperativas, municipios, empresas, inversores y actores locales comienzan a incorporar esta lógica, en un escenario atravesado por episodios de cortes de suministro, tensiones en el sistema, sinceramiento tarifario y una creciente incertidumbre energética a escala global.

La experiencia acumulada en proyectos concretos muestra que este enfoque no solo es técnicamente viable, sino también económicamente rentable. No es una hipótesis a futuro, sino una transformación que ya está en marcha. Por eso no lo vemos como una excepción, sino como un camino que debe profundizarse y escalarse. Estamos convencidos de que el modelo de Generación Distribuida Comunitaria constituye uno de los pilares más sólidos para construir un sistema energético más seguro, más rentable, más eficiente y más resiliente para el mundo que se viene.